Se trata de una medida de respuesta impulsada por el movimiento social de la discapacidad frente a las políticas de las distintas administraciones que, en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, hacen recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia, "colocándolas en una situación insostenible".

 

Aunque existen territorios en los que no es de aplicación el copago para personas con certificado de discapacidad, hay otras comunidades en las que la situación es "insostenible", soportando "una aportación de la persona en situación de dependencia que, en según qué casos, llega hasta el 90%".

 

UGT-Madrid reclama un derecho subjetivo, por lo que entiende que "no puede haber copago confiscatorio en función de variables como la renta o el lugar de residencia". Por este motivo, desde este sindicato se aboga por que se tenga la cobertura total en caso de necesidad.